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domingo, octubre 24, 2021

Decreto-ley 35 continúa dando de qué hablar

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El Decreto-Ley 35 pudiera ser una especie de «válvula de escape» del régimen cubano para evadir sus verdaderos problemas; a saber, la falta de medicinas y medicamentos, incluso de oxígeno, en los hospitales, a lo que se suma la falta de alimentos en la mesa de los cubanos. Y este otro muy reciente: las críticas severas por parte de los médicos cubanos al Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

Hasta un influencer de poca monta como el «revolucionario cool y sexy», Pedro J. Velázquez, cuyas dotes de plañidero profesional fueron notorias ayer en la red social de Facebook, lamentando la muerte del padre del líder de Buena Fe, Israel Rojas, hizo énfasis en el asunto -las críticas a Manuel Marrero a quien parece haberle puesto el ojo, o el dedo, pues es la segunda vez que alude a él y no precisamente para defenderlo, aunque sí para intentar tirarle un cabo.

Claro que, para el «bloguerito» -como diría su ídolo Fidel Castro- no hay problemas con el Decreto-ley 35; al contrario, él lo apoya. E incluso afirma, a juzgar por el hashtag que añadió a su infeliz publicación, que «lo protege».

Visto así, visto incluso la reacción de defensa al Decreto-ley 35 de la directora del diario oficialista Granma, la cuadro Yailín Orta, por lo menos nos queda el consuelo de que «allá arriba», en esas mentes, no vive nadie.

El primero, el espirituano cool y sexy, repitió un año de su carrera, presuntamente por perder el tiempo escribiéndole a otros periodistas y a quien no es periodista, expresándole su admiración más sincera, o quizás falsa, por su trabajo. La segunda, se sabe, vivía turbada apenas se graduó, en el diario Juventud Rebelde, pidiéndole al entonces colega de trabajo Ricardo Ronquillo Bello que le «arreglara» sus textos, lo cual a la larga se convertía en un «rehacer», mientras ella poco a poco iba escarbando entre los huecos dejados por Norland Rosendo, para trepar hasta donde trepó: la dirección del Granma.

Yailín Orta, Directora del Granma, sobre Decreto-Ley 35
Así opina sobre el decreto-ley 35 la «periodista» -más bien cuadro político- Yailín Orta, directora del diario Granma.

Solo así es posible entender porque estos dos «jóvenes modelos» andan defendiendo el decreto-ley 35 en lugar de preocuparse, por ejemplo, en coger una guataca e irse a cualquier organopónico, sin que se lo ordene nadie, y tirar par de guatacazos; ellos, que son expertos guatacas -demostrado- lo cual sin dudas sería de más utilidad a la Patria que defienden, pues la falta de alimentos en el país debería preocuparles más que lo que pone cualquier persona en Facebook.

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Tampoco parece preocuparle a estos dos, la falta de medicamentos, pero sí la validez del decreto-ley 35. Y ya que menciono este decreto y los medicamentos, no dejar fuera, por favor, a Iroel Sánchez, que también anda defendiéndolo, aunque tiene más problemas de salud que baches la Carretera Central, y quien en más de una ocasión se ha visto con su espíritu revolucionario a cuestas, zapateando un blíster de duralgina por las farmacias de La Habana.

Por suerte, contra esos tres mosqueteros, quedan personas como el escritor cubano Pedro Junco, el médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, y el periodista de Cibercuba, Gabriel González.

Los tres se concentraron en lo verdaderamente importante; lo que de verdad debería preocuparle al pueblo cubano.

Pedro Junco abordó una verdad que es tan grande como la torre Eiffel. Si se va a aplicar el decreto-ley 35 a rajatabla, Díaz-Canel debería ser sancionado.

«Miguel Díaz-Canel Bermúdez debe ser sancionado tras sus belicosas palabras ante las cámaras de televisión en la tarde del 11 de julio, por haber dado la orden de combate frente a las manifestaciones populares», dijo el escritor Pedro Junco, y sin dudas su reflexión se quedó corta. ¿Dónde dejaríamos entonces al portal de noticias Cubadebate? ¿Al Granma? ¿Al ya mencionado Iroel Sánchez? ¿Al dizque escritor Raúl Capote, subdirector «vigilante» del Granma? ¿A Abel Prieto? ¡A Humberto López, por favor!

Junco, residente en la isla, lanzó un dardo envenenado contra el recién aprobado decreto-ley 35, que busca reprimir la libertad de expresión en las redes sociales de los ciudadanos de la isla.

Como señala el portal Cibercuba, el nuevo decreto busca tipificar como delitos, «hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión».

De hecho, Junco no se quedó en el Diazca, y arremetió también contra Manuel Marrero Cruz.

«Si es un delito difamar públicamente de personas ajenas, el primer ministro Manuel Marrero Cruz debe comparecer ante los tribunales por el lenguaje ofensivo y generalizador que hizo público la pasada semana sobre el personal médico cubano, sin considerar que éste lleva más de un año exponiendo su vida en el combate a la pandemia», expresó.

La ley pareja, o esto es un relajo.

«Si promover noticias falsas es un delito punible, castigable ante la ley, al doctor Francisco Durán hay que llevarlo a rendir cuentas ante el pueblo de Cuba por haber prestado su figura a ocultar cifras de fallecidos por la Covid-19 en sus últimos informes matutinos», dijo también el escritor camagüeyano, que parecía firmemente «puesto» -o conectado- en llamar las cosas por su nombre.

Medicinas para el pueblo. Que el Decreto-Ley 35 no nos quite el rumbo completamente.

Y aunque sin dudas desmontar y hacerle saber al mundo que en Cuba se gesta una dictadura con todas las de la ley, visto lo visto el 11 de julio y posteriormente; visto el decreto-ley 35, miles de cubanos buscan desesperadamente a través de las redes sociales quién puede donarles tal medicamento u oxígeno para un familiar moribundo.

A ello aludió el médico cubano, Dr. Alexander Jesús Figueredo Izaguirre cuando expresó:

“Los médicos seguimos en pie de lucha por nuestros derechos y los del pueblo por sus errores objetivos que han llevado al colapso”.

Figueredo Izaguirre consideró que el decreto-ley 35 es una distracción del gobierno porque “la gente se nos muere sin medicinas”.

“Estoy pensando que esto del decreto-ley es solo una distracción para sacarnos del principal objetivo, la gente se nos muere sin medicinas y sin oxígeno, y los entierran en fosas comunes”, expuso el galeno en su perfil de Facebook.

Por su parte, en un artículo escrito para el portal Cibercuba, Gabriel González tocó también el tema de los medicamentos, y dijo que criminalizar la venta ilegal de las medicinas agravará la escasez en Cuba y subirá los precios.

«Por donde sea que lo mires, la culpa es del Estado cubano. Criminalizar a los que venden medicamentos, cuando están supliendo una necesidad que el Estado genera, es como tener hambre, no saber cocinar y pelearte con el único cocinero de tu pueblo»,

refirió.

«El alza de precios de cualquier bien o servicio se debe a la escasez del mismo. Si los precios son altos, la culpa es de lo que provoca la escasez», opinó más adelante.

Tal vez su reflexión se entronque en esta otra idea también: ¿puede criminalizar el decreto-ley 35 a alguien que «pida» en Facebook determinada medicina? ¿o al que diga, en streaming por Facebook Live, como La Diosa de Cuba, «Diaz-Canel, no hay medicamentos»?

¿Cómo sancionará el régimen a los cubanos que violen el decreto-ley 35?

Hasta ahora, lo que se sabe, es que habrá multas, decomisos, interrupción del servicio de internet.

Estas son algunas de las medidas que ahora poseen respaldo legal, con el más reciente intento del régimen cubano de darle una vuelta a la tuerca hacia la represión y la censura en internet. Un mamotreto divulgado y oficializado, tras su publicación, en la edición ordinaria No. 92 de la Gaceta Oficial.

Según explica el jurista Eloy Viera de El Toque Jurídico, el Decreto 42 no reproduce de manera específica las prohibiciones del decreto ley 35 como contravenciones, pero sí considera que los incumplimientos genéricos de las disposiciones de este “y sus normas complementarias pueden ser considerados contravenciones en sí mismos”. Contravenciones que “además de la multa y la obligación de dar solución al hecho que originó la contravención puede implicar, entre otras, el decomiso administrativo”.

Se trata, dicen, de un paquete de normas que forman parte de la actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones en el país, pero que en la concreta, no traerá a la mesa de los cubanos ni una vianda; ni pondrá en manos de los enfermos, los medicamentos que puedan curarlos.

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