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lunes, octubre 18, 2021

Tráfico de personas: EEUU señala las misiones médicas cubanas

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Estados Unidos dio a conocer un informe en cual incluye al gobierno cubano como responsable de tráfico de personas, con alusiones directas a las misiones médicas de la isla en el extranjero.

La administración estadounidense hizo público, recientemente, el informe anual sobre trata de personas de 2021 del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, en el cual incluye al gobierno cubano entre aquellos que patrocinan el tráfico de personas, en especial, en cuanto a lo referido a los cooperantes antillanos que son enviados a otros países.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el informe de 2021 incluye 11 países con una «política o patrón» documentado de trata por programas financiados y trabajo forzoso en servicios médicos u otros sectores.

En este listado, están Afganistán, Birmania, China, Cuba, Eritrea, Corea del Norte, Irán, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán.

En su cuenta de Twitter, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, llamó a los demás países a «proteger los derechos de los trabajadores médicos, exigir transparencia en los acuerdos contractuales entre el Gobierno cubano y los profesionales, y garantizar que se les pague directamente y tengan libertad de movimiento».

Según el informe, «el Gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Durante este período, hubo una política gubernamental o un patrón para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente, con sus misiones médicas en el extranjero».

El Departamento de Estado señala que la cúpula de poder de la isla es responsable de tráfico de personas y que, además, “aprovechó la pandemia para aumentar el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros sobre funcionarios cubanos y su participación en abusos».

Entre las irregularidades, apunta que las autoridades no informaron a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro; que confiscaron sus documentos y salarios; y que que amenazaron a profesionales médicos y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa.

Ante estos problemas, Estados Unidos afirma que el gobierno de Cuba debería garantizar que las misiones médicas en el extranjero y otras similares, “cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin; garantizar que los participantes reciban salarios justos, totalmente pagados en cuentas bancarias que ellos puedan controlar personalmente; que tengan el control de sus pasaportes, contratos y credenciales académicas; garantizar un entorno de trabajo a salvo de la violencia, el acoso y la vigilancia intrusiva; y tener libertad de movimiento para, incluso, dejar el programa o rechazar una asignación, sin sanciones como ser amenazado, encarcelado, lastimado o que les prohíban regresar al país”.

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