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jueves, octubre 21, 2021

Más voces se oponen al decreto-ley 35 y el régimen lo justifica

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Onelio Larralde, director de arte y pintor, y el crítico de cine y profesor universitario Gustavo Arcos, son dos de las voces dentro de los profesionales del arte en Cuba que se manifestaron abiertamente en contra del decreto-ley 35; un ¿controvertido? no, repugnante decreto, que intenta criminalizar toda actividad cibernética contraria a los intereses del gobierno dictatorial de la isla.

Larralde rechazó tajantemente en su perfil personal de Facebook la implementación del decreto-ley 35 y abogó “no más amenazas, no más ofensas al pensamiento, no más miedo”.

El artista, visiblemente indignado, le pidió a las autoridades del régimen que si tenían algo que prohibirle, fuesen a su casa, le tocasen a la puerta, y se lo dijesen cara a cara.

En un post donde lo que más brilla es la entereza de Larralde, y en el cual resaltan sus virtudes honestas de hombre trabajador e integrado a la sociedad, el pintor se definió como «muy viejo para pensar ya en qué puedo o no puedo comentar en un servicio que pago al Estado con mi dinero».

También Gustavo Arcos defendió el derecho de los cubanos a manifestarse contra lo que llamó una “perversa obsesión de controlar, regular, silenciar”.

Arcos, que conoce de esto desde su época de estudiante en la Facultad de Artes y Letras, donde llevaba el mural de la Facultad, criticó duramente al sitio oficialista Cubadebate por sumarse a esta ola represiva con mentiras y manipulaciones, a la vez que se cuestionó «¿hasta cuándo van a seguir en ese círculo vicioso de culpar a los otros por todas nuestras carencias, mezquindades, errores e incertidumbres?»

“NO, Cubadebate. La culpa de que muchos muestren descontento, molestias y dudas con el decreto-ley 35, no es del enemigo porque no fueron ellos los que dictaron esa ley. Si los ciudadanos protestan, están en su derecho. Son gestos humanos y legítimos”,

escribió Gustavo Arcos en Facebook.

Usando el Decreto-Ley 35 como argumento central de su crítica – que en su caso, es siempre más que mesurada y muy correcta- Arcos emplazó a Miguel Díaz-Canel a que se dedicara a gobernar para todos, en lugar de estar implementando decretos a modo de cacería de brujas.

“Poco favor le hace a su compleja gestión si solo tiene diálogo, con los que lo aplauden y sonríen. Eso es vivir bajo un espejismo, y sólo obtendrá de esa práctica una visión deformada del país que representa”, le dijo.

El decreto-ley 35 ha sido definido como una «actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones», pero la realidad, muy polémica por cierto, es que se ha erigido como una especie de Ley Mordaza, implementada por un régimen que se niega a conversar con las voces críticas, y que como bien expresara Arcos, solo busca lenguas aduladoras, oídos serviles y cabecitas -como la de Randy Alonso- que solo buscan asentir, mientras van buscando resquicios para escalar puestos en el poder, a lo Iroel Sánchez.

Otro que también arremetió contra el decreto-ley 35 fue el periodista cubano Julio Batista, quien definió la medida como la «concreción del anhelo totalitarista de manipular el pensamiento y la expresión de la gente a la que subyuga».

También se opuso el escritor Pedro Armando Junco López; y además, el actor Luis Alberto García, quien con su fino sarcasmo ha venido dándole jan al decreto desde hace ya varios días, y le dedicó un espacio especial en su post de ayer, cuando «le pidió permiso al gobierno» para saludar al actor cubano Gerardo Riverón, amigo suyo, por su cumpleaños. Riverón vive en el exilio hace muchos años, pero en el tiempo que se desempeñó en la televisión y el cine en la isla estaba prácticamente inmerso en cada propuesta.

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A Luis Alberto se suman, entre otros, el periodista independiente Henry Constantin; el humorista Ulises Toirac; el reguetonero Yomil Hidalgo; y el destacado periodista y humorista Jorge Fernández Era, quien expresó:

«El decreto ley 35 apuntala la indefensión de los ciudadanos ante el actuar del Estado y la impunidad de este último para definir qué puede o no ‘Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sea un instrumento para la defensa de la Revolución'».

Por lo general, son muchos los artistas, activistas y periodistas en Cuba que han condenado el decreto-ley 35. Todos afirman que no permitirán que esta Ley Mordaza les prohíba denunciar de manera crítica y respetuosa las imperfecciones del Estado.

Asociación Pro Libertad de Prensa critica duramente el decreto-ley 35

La Asociación Pro Libertad de Prensa criticó duramente el decreto-ley 35 y dijo que “el sistema político de Cuba ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión”, a la vez que señalaba que «es una verdad demostrada que ninguna Ley o Decreto-Ley que viole derechos naturales de las personas resuelve problemas”.

“(…) lo que hace es crear mayores dificultades que, la sociedad, impelida por la propia vida, lanza a la basura. Creemos ese es el lugar que espera al Decreto-Ley 35”,

advirtieron en su declaración.

“No hay equívocos, el sistema político de la isla ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión, viola su propia Constitución que garantiza en el artículo 54 ese derecho y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, expuso la APLP ayer miércoles en una declaración que fue recogida por el portal digital de noticias Cubanet.

La APLP consideró que “el poder político trata de ocultar lo que sucede en Cuba. Se conoce, además, que en un país donde casi constantemente se están creando nuevas leyes, es porque las cosas andan muy mal”.

El régimen defiende su mamotreto

Sin embargo, el régimen y sus acólitos defienden como «légitimo» el derecho a defenderse aunque, curiosamente, no impulsan un slogan de «defensa», sino que esgrimen que el decreto-ley 35 «los protege».

Para intentar explicar lo inexplicable e inentendible, apareció en la Mesa Redonda ayer la Ministra de Comunicaciones en Cuba, la Ingeniera Mayra Arevich Marín, que reafirmó lo dicho anteriormente: el decreto «protege la integridad de las personas».

¡Y sus datos en línea! -dijo- una «delicadeza» de su parte, que probó la semana pasada por primera vez en su vida el ya mencionado Jorge Fernández Era, pero que en el pasado han vivido activistas y opositores como Yoani Sánchez, Camila Acosta, Camila T. Lobón, Yunior Aguilera, Lara Crofts e Iliana Hernández a quienes «le han protegido sus datos en línea», desconectándole los datos de Internet y no pocas veces hasta la línea misma.

Sin embargo, nada de esto le preguntó el hombre del rostro más inefable de la televisión cubana: Randy Alonso.

Arevich Marín ratificó que la resolución No.105, anunciada también en la Gaceta Oficial No.92, complementa al decreto-ley No.35, y se refirió a ella como un sustento legal para tipificar incidentes de ciberseguridad en la isla.

Según ella, lo hicieron siguiendo las orientación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) «que exige que las naciones tengan procedimientos propios para gestionar este tipo de ataques», a la vez que expresó que permitirá ordenar el sistema y el uso del espectro radioeléctrico, como un recurso soberano de la nación, y señaló que “el Gobierno cubano concibe a las telecomunicaciones entre los ejes estratégicos, a la vez que impulsa (…) el proceso de informatización de la sociedad en aras de dinamizar y acompañar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Tres de esos ciudadanos, los activistas Raúl Soublett, Jancel Moreno y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, que incluso trabajan desde hace ya tiempo por mejorar la calidad de vida de ellos y de sus coterráneos, condenaron duramente al decreto-ley 35, y lo han calificado como «persecusión» y «base legal para procesar a todos los que le seamos incómodos en las redes sociales”, mientras permanecen en la sombra o sin aprobarse otras leyes mucho más importantes.

“No tenemos #LeyDeIdentidadDeGenero y otros derechos para la comunidad LGBTIQ+ como también leyes que penalicen la LGBTIQfobia,la discriminación racial,la violencia de género pero tenemos otra ley contra la libertad de expresión”, reclamó el activista Soublett.

“El régimen cubano en un intento desesperado de silenciar las voces que de una forma u otra se alzan dentro de la isla, aprobó una nueva #LeyMordaza, un decreto que pretende criminalizar la libertad de expresión, pisotear uno de los derechos más fundamentales del ser humano”, señaló por su parte Cocho.

En apoyo al régimen, lo más «loco» que se ha visto en las redes es el comentario de un internauta en Cubadebate, muy revolucionario, que propuso «extender» los CDR hasta las redes sociales, y crear así una especie de CDRs virtuales que monitorearían todo lo que la gente escribe en las redes, y llenarían un reporte y todo, para informar a las autoridades competentes.

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